Durante la sesión, se definieron varias medidas urgentes, entre ellas el bloqueo de las vías de acceso a las zonas donde se realiza minería ilegal, muchas de las cuales son alcanzadas mediante el uso indebido de medios de transporte estatales. Esta acción busca cortar el flujo logístico que facilita la extracción no autorizada de recursos naturales.

También se acordó reforzar el control en las comunidades cercanas a estas zonas, donde se ha detectado el alquiler ilegal de viviendas para alojar a los mineros, así como la venta clandestina de alimentos y otros insumos que sostienen esta actividad. Estas prácticas no solo violan la ley, sino que contribuyen a la expansión de un modelo económico informal y perjudicial para el entorno.

La minería ilegal está prohibida en Cuba debido a sus efectos altamente destructivos sobre el medio ambiente. Entre los impactos más alarmantes se encuentra la contaminación de los cuerpos de agua, especialmente ríos y arroyos, que sufren alteraciones químicas y sedimentarias que afectan tanto la biodiversidad como el abastecimiento de agua para las comunidades.

En cuanto a las acciones legales, se anunció que los órganos judiciales y el Ministerio del Interior intensificarán la aplicación de sanciones económicas y emitirán advertencias formales a quienes incurran en estas actividades. En casos de reincidencia, los implicados podrán ser procesados por el delito de desobediencia, contemplado en el Código Penal cubano, con penas que oscilan entre uno y tres años de privación de libertad.

Esta reunión marca un paso firme hacia la protección del patrimonio natural de Moa y la defensa de un modelo de desarrollo sostenible, donde el respeto por el medio ambiente y el cumplimiento de la ley son pilares fundamentales.